Fiscalía registra el predio “Adán y Eva” y mantiene alerta migratoria contra el hijo del presidente

27 de agosto de 2025. – El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público, en coordinación con su similar de Santa Cruz, registró el predio denominado “Adán y Eva”, propiedad de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce. Esta diligencia —que incluyó autorización explícita para allanamiento y secuestro de documentos si fuera necesario— se llevó adelante como parte de la investigación en curso y espera complementarse con los informes criminalísticos que entregue la Fiscalía cruceña y la Policía.

El caso se reactivó oficialmente el 29 de julio, tras un memorial ingresado por el diputado Héctor Arce, quien presentó nuevos indicios que motivaron la reapertura del proceso penal por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, recalcó que “no venimos acá a hacer persecución a nadie”, resaltando que se sigue un riguroso debido proceso con base en la evidencia recopilada.

Uno de los mecanismos preventivos más importantes que permanece vigente en este caso es la alerta migratoria contra Rafael Arce Mosqueira, medida que limita su movilidad internacional y busca evitar que el sujeto eluda la investigación.

De acuerdo con reportes de Connectas, en 2021 Rafael Arce adquirió la propiedad “Adán y Eva” por un monto aproximado de 3,3 millones de dólares, mediante un crédito bancario obtenido cuando tenía apenas 25 años. La denuncia, inicialmente presentada por el diputado Héctor Arce, también señala que la transacción pudo haberse declarado por un monto inferior para evadir impuestos y que se habría agilizado mediante trámites exprés gestionados ante la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

En síntesis, el Ministerio Público refuerza su línea de investigación con nuevas diligencias, en un contexto donde la adquisición del predio sigue generando cuestionamientos públicos sobre posibles irregularidades en el origen del financiamiento y la legalidad de la operación.

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