28 de julio de 2025. – La Fiscalía Departamental de La Paz decidió reabrir la investigación penal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, en el marco de la controvertida adquisición del predio denominado “Adán y Eva”, ubicado en Santa Cruz.
La decisión fue oficializada mediante un documento firmado por el fiscal Hernán Kiffer, quien además solicitó una ampliación de 60 días para profundizar la etapa preliminar de la investigación. La reapertura del caso responde a una solicitud del diputado del ala “evista” del MAS, Héctor Arce Rodríguez, quien el año pasado presentó la denuncia inicial y ahora ha aportado nuevos elementos que considera determinantes.
Según el legislador, la compra del predio habría sido irregular por varios motivos. Uno de los más llamativos es que, aunque el terreno fue adquirido por un valor de 5,5 millones de dólares, en los documentos oficiales de transacción solo figuran 3,3 millones, lo que, a su juicio, podría implicar un fraude impositivo.
Arce también denunció que el Banco Ganadero otorgó créditos millonarios por más de 63 millones de bolivianos a los hijos del mandatario, Rafael y Camila Arce, cuando estos tenían 25 y 20 años respectivamente, sin contar con experiencia comprobada en actividades productivas. Además, sostiene que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) favoreció a la familia presidencial con trámites exprés.
Uno de los nuevos elementos presentados por el diputado es el supuesto pago anticipado de 280 mil dólares (más de 2 millones de bolivianos) por parte de Rafael Arce, monto que según el parlamentario no puede ser justificado con los ingresos que el hijo del presidente habría tenido como funcionario público en más de seis años, que no superarían los 700 mil bolivianos.
Pese a la reapertura del caso, Héctor Arce expresó su desconfianza en el accionar del Ministerio Público, particularmente en el fiscal general Roger Mariaca, a quien acusó de tener un “pacto de no agresión” con el Ejecutivo. Alertó que esta reapertura podría ser una maniobra para cerrar definitivamente el caso con fines de impunidad futura, ya que el principio de “cosa juzgada” impediría nuevas acciones judiciales por el mismo hecho.
“No quisiera pensar que esta reapertura tiene por objetivo disimular estos tres o cuatro meses que le queda al gobierno de Lucho Arce y volverlo a cerrar. Porque si lo cierran, sabemos muy bien que una denuncia por el mismo tipo penal no se puede volver a investigar”, declaró el legislador en contacto con la prensa.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la transparencia en la gestión pública, el acceso a créditos estatales y la relación entre altos funcionarios, sus familiares y entidades financieras.
