El 6 de abril de 2025, vecinos de las zonas altas de Oruro interpusieron una Acción Popular ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia, denunciando el avasallamiento e invasión del Área Protegida Municipal en las Serranías del Cerro Santa Bárbara. Tras una audiencia judicial e inspección ocular al área afectada, el 12 de junio se emitió una Resolución Constitucional histórica que favorece la defensa del medio ambiente y los derechos colectivos.
La sentencia otorga Tutela Plena, es decir, protección total a las serranías. Además, ordena la suspensión inmediata de toda actividad minera ilegal, incluyendo las operaciones de la Cooperativa San Francisco de California y otras. Como medida complementaria, instruye al Gobierno Municipal de Oruro elaborar en un plazo de 90 días un Plan de Manejo del Área Protegida, garantizando así la conservación de este espacio natural.
Asimismo, se dispone la participación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para controlar actividades clandestinas, mientras que la Gobernación de Oruro, a través de la Secretaría de Medio Ambiente Agua y Madre Tierra, junto con el Viceministerio del ramo, deben liderar un diagnóstico de los daños ocasionados.
Teodoro Blanco, presidente de la Fundación Pueblos de Montaña y parte accionante, celebró la decisión señalando que si bien las operaciones mineras aún persisten en horarios nocturnos, se ha logrado un avance significativo. “Hay que concretar el control y la organización con los vecinos para que esta resolución se cumpla plenamente”, afirmó.
Los vecinos de la zona, afectados por años de contaminación y perjuicios ambientales, expresaron su satisfacción con el fallo. Rosalinda Mamani, de la Junta de Vecinos Virgen del Socavón I, aseguró: “Vamos a ser control social para que esto se cumpla. Ya no habrá persecución a dirigentes. Las áreas protegidas son de todos los orureños”. Por su parte, Abel Mendoza Gómez de la Junta de Vecinos Virgen del Socavón II agregó: “No han podido asustarnos ni dividirnos, esta es una respuesta justa”.
El Artículo 385 de la Constitución Política del Estado respalda la acción popular, al definir a las áreas protegidas como bienes comunes del patrimonio natural y cultural de Bolivia, cuya conservación garantiza servicios ecosistémicos, funciones sociales y desarrollo sostenible.
Este fallo representa una victoria de la ciudadanía organizada frente al extractivismo descontrolado, y sienta un precedente para futuras luchas por la defensa del medio ambiente en Bolivia.
Vía: CEPA, LIDEMA
