25 de junio de 2025. – Las defensoras y defensores del área protegida de Tariquía, en el departamento de Tarija, denuncian una creciente criminalización de su labor en defensa del medio ambiente y los derechos colectivos, a raíz de un proceso penal impulsado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que derivó en una solicitud de medidas cautelares por parte de la Fiscalía de Entre Ríos.
El Ministerio Público argumenta que existen indicios de que los imputados no se someterán al proceso o que obstaculizarán la averiguación de la verdad. No obstante, los propios acusados desmienten esa versión, asegurando que se han presentado a todas las audiencias desde que se formalizó la denuncia en octubre de 2024.
Según su testimonio, los denunciados asistieron a seis audiencias, incluyendo cuatro convocatorias para desfile identificativo durante la etapa preliminar, que no pudieron concretarse por razones ajenas a su voluntad, como la ausencia de notificaciones o la falta de personal policial.
“La denuncia fue rechazada inicialmente por falta de pruebas, pero la Fiscalía Departamental, a través de la fiscal Sandra Gutiérrez, revocó esa decisión a instancias de YPFB”, explica uno de los defensores. A partir de esa revocatoria, se retomaron las audiencias y los acusados se presentaron puntualmente, incluso en condiciones adversas y con afectaciones emocionales. “Me sentí humillada, me pusieron un número como a los delincuentes en la tele”, relató Martina, una de las comunarias.
Las y los defensores de Tariquía han sido reconocidos nacional e internacionalmente como defensores de derechos humanos y ambientales. Así lo recordó la Defensoría del Pueblo, al emitir un pronunciamiento en el que instó al Estado boliviano a respetar los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia. Este tratado garantiza la protección de defensores ambientales, y promueve el acceso a justicia, información y participación pública en decisiones ambientales.
El caso de Tariquía ha alcanzado incluso el escenario internacional. El pasado 7 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó a las defensoras durante una audiencia pública dedicada a la criminalización de defensores ambientales en Bolivia. Participaron altos comisionados de la CIDH, el Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y representantes de Naciones Unidas, quienes expresaron su preocupación por el uso indebido del derecho penal para reprimir la defensa del medioambiente y los derechos colectivos.
El proceso penal en contra de las comunarias y comunarios de Chiquiacá se enmarca en el conflicto por la resistencia a los proyectos hidrocarburíferos impulsados por YPFB al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, un área natural protegida de importancia ecológica y cultural.
Los denunciados exigen el archivo del caso y el cese de las persecuciones judiciales, señalando que su único delito ha sido defender su territorio y la Madre Tierra, en ejercicio de derechos amparados por la Constitución boliviana y tratados internacionales.
Vía: Erbol
