19 de mayo de 2025. – Organizaciones indígenas, ambientalistas y colectivos ciudadanos han alzado la voz para rechazar la reciente designación de Idelfonso Canaza como nuevo director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) exige su destitución inmediata, advirtiendo que su cercanía al sector minero representa un grave riesgo para los parques nacionales, ríos amazónicos y pueblos indígenas no contactados.
“Exigimos la revocatoria inmediata de la designación del señor Canaza, quien responde a intereses mineros y no cumple con los requisitos exigidos por la sociedad civil para dirigir el Sernap”, señala el pronunciamiento de la Contiocap, que considera que esta designación responde al cuoteo político que el gobierno mantiene sobre instituciones estratégicas.
La organización apunta que Canaza es un exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y lo vinculan con el respaldo a sectores implicados en hechos de violencia y toma de entidades indígenas, además de tener denuncias por supuestos nexos con cooperativas mineras auríferas. “Esta lógica de nombrar personajes sin formación ambiental ni compromiso con las áreas protegidas solo facilita el saqueo de nuestros recursos naturales”, enfatiza la Contiocap.
Por su parte, Idelfonso Canaza negó los señalamientos y aseguró que su postulación provino del Consejo Originario de Ayllus y Marcas, no de sectores mineros. “Nunca me he contactado con cooperativas mineras. Es falso que me hayan propuesto ellos”, afirmó, recordando que fue guardaparque y que conoce la realidad de las áreas protegidas.
La presión no solo viene desde la Contiocap. El colectivo Alas Chiquitanas también rechazó el nombramiento y pidió una auditoría pública e independiente al Sernap para investigar posibles hechos de corrupción y actos que favorecen a intereses mineros. “Se debe designar un director con formación técnica, sin afiliación política, comprometido con la conservación, no con la destrucción”, declaró el grupo.
La senadora Cecilia Requena, reconocida por su labor ambiental, también expresó su preocupación. “Facilitar la devastación de las áreas protegidas es un delito por el cual el presidente Arce y el ministro Álvaro Ruiz tendrán que responder”, advirtió.
Desde las organizaciones, se ha solicitado que organismos internacionales como la ONU, así como la Defensoría del Pueblo, se pronuncien sobre este hecho, al considerar que se está vulnerando el derecho a la vida de pueblos indígenas aislados y se pone en peligro ecosistemas únicos como el Madidi.
Mientras el Gobierno guarda silencio, las organizaciones sociales hacen un llamado a la ciudadanía para no desviar la atención hacia conflictos políticos superficiales y centrar la mirada en la protección del agua, la biodiversidad y la vida humana.
